Violencia política contra las mujeres

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En este año se cumple el 65 aniversario del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en México, que implicó   la libertad de ejercer su derecho al voto, y de ser votadas para cargos de elección ciudadana, en este sentido, vale la pena analizar el papel de las mujeres en la vida pública del país, mirando los importantes avances y las asignaturas pendientes que se encuentran en esta materia.

Por lo cual, es importante recordar que en el año 1955, por primera vez fueron electas tres  diputadas federales[1] que formarían parte del Poder Legislativo de nuestro país, ese gran paso se convirtió fen la piedra ángular para lograr la paridad de género en el Congreso de la Unión, pues actualmente dentro de la Cámara de Diputados las mujeres electas representan el 48%[2], mientras que en la Cámara de Senadores han logrado el 50%[3] de participación en este órgano.

Esto se ha materializado en que  las mujeres tengan una representación y participación efectiva en la vida política del Poder Legislativo y en nuestro país, sin embargo, este ejercicio pleno de derechos no es replicado en otros puestos de elección popular, como es el caso de las gubernaturas de los Estados, en donde sólo dos mujeres ostentan este puesto de los treinta y dos que conforman nuestro país.

Históricamente, ha existido la creencia basada en estereotipos de género de que los puestos de toma de decisiones de la vida pública del país   son “asuntos reservados para los hombres”, y si bien las mujeres han ganado terreno en este ámbito, desafortunadamente derivado de esa creencia errónea muchas  mujeres son víctimas de violencia política, lo que impide el libre ejercicio de sus derechos políticos.

La violencia política de género de acuerdo con el Protocolo para la Atención de Violencia Política se define como “todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.”[4]

Esta definición toma en cuenta no sólo aquellos eventos que suceden en las contiendas electorales, sino que se amplia incluso cuando se impide o coarta la posibilidad de ejercer el cargo para el que se fue electa.

La violencia política de género no sólo puede medirse por el número de mujeres en puestos de elección pública, ya que no necesariamente va ligado a la oportunidad de ejercer sus funciones libremente y en un ambiente sin coerciones y agresiones.

En este sentido, es necesario poner sobre la mesa de discusión los impactos de la violencia política contra las mujeres, el primero es la falta de incidencia real en la vida pública en México; el segundo el menoscabo a la sociedad de contar con las valiosas aportaciones que tienen para mejorar el desarrollo de nuestro país.

Por otro lado, cuando las mujeres forman parte real dentro de la política y no se obstaculiza el ejercicio de sus funciones comienza una ola de transformación, en el que mujeres y niñas podrán reflejarse comprendiendo que todos los espacios públicos son espacios para ellas.

Los puestos de elección pública traen consigo a su vez el empoderamiento de las mujeres, en donde se enfrentan a escenarios que las retan y logran explotar todas sus capacidades, sin duda, es un gran paso también para el empoderamiento económico, pues ahora no sólo son responsables de la administración del dinero que “reciben” de sus parejas, hijos o padres, sino que es aquí cuando deberán tomar decisiones sobre el buen manejo de recursos públicos para lograr la mayor eficiencia de los puestos para los que fueron electas.

Estos efectos positivos de las mujeres en la vida política del país deben de replicarse en todos los puestos de elección pública y así lograr este empoderamiento en más mujeres, que podrán ser ejemplos para otras de la posibilidad de convertirse en autónomas económicamente y lograr su independencia financiera, ayudando a cerrar brechas de género tanto en materia política como en materia económica.

Finalmente, aprovecho este espacio para rechazar la violencia política de género, la vida política del país deberá seguir abriendo espacios para las mujeres, quienes sin duda tienen mucho que aportar para lograr un mejor desarrollo de nuestra sociedad, además, de solidarizarme con todas aquellas grandes mujeres que forman parte de la toma de decisiones públicas y enfrentan día a día este tipo de violencia.

26 de octubre de 2020,

M.F. María del Carmen Salinas Flores.

Tesorera del Senado de la República.

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[1] Información obtenida de https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico

[2] Datos disponibles en http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php

[3] Datos disponibles en http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=8&IDTema=8&pag=1

[4] Concepto tomado del Protocolo de Atención a Violencia Política publicado por el INE, disponible en https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/conceptos-clave-sobre-violencia-politica/

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