El desmantelamiento del ejército

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Por: José Arturo Ramírez Medina

Lic. en Derecho y Mtro. en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana

Desde el primero de diciembre del 2018, el oriundo de Macuspana y eterno candidato presidencial que por años profirió el clásico “al diablo las instituciones”, comenzó formalmente con el desmantelamiento de las mismas. No hay, hasta la fecha, institución del Estado mexicano que durante estos menos dos años de gobierno se haya fortalecido, por el contrario, se ha emprendido una cruzada en su contra, ejemplo de ello la CNDH de Piedra Ibarra en copropiedad con Ricardo Monreal; el tan anhelado por MORENA, INE; la CONAPRED, ahora pertenencia de Gutiérrez Müller; la PRODECON, el INAI, entre muchos otros más.

Aun cuando en esta cruzada contra las instituciones se ha visto una tenue oposición a las intenciones del presidente López Obrador y de las bancadas mayoritarias en el Congreso de la Unión -por tratarse de organismos autónomos-, hay algunos otros asaltos que se han iniciado y concretado, entre los que sin lugar a dudas destaca y preocupa el realizado de forma persistente contra una institución que resulta fundamental para nuestro país, pero que al ser el titular del ejecutivo federal su comandante supremo y quien hace y deshace con absoluta discrecionalidad, hemos pasado por alto sin observar la gravedad de la situación respecto del desmantelamiento del ejército mexicano.

La Ley Orgánica del Ejército establece que esta institución armada tiene como misión general a) defender la soberanía nacional, b) garantizar la seguridad anterior, c) auxiliar en caso de necesidad pública, d) realizar acciones cívicas y sociales y, e) prestar ayuda en situaciones de desastre; a lo cual podemos afirmar categóricamente que el ejercito medianamente cumple con estas funciones que por Ley se establecen, y digo medianamente porque se le han asignado, en ocasiones fuera del propio marco jurídico constitucional, un sinfín de tareas que no le corresponden, distrayéndose de sus funciones y facultades asignadas ex profeso por el constituyente originario y adecuadas en el tiempo por el constituyente permanente.

La primera señal de desmantelamiento que se dio desde Palacio Nacional y que se tradujo en una desbandada oficialmente autorizada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal, fue la suscitada con la creación de la Guardia Nacional, la cual aparte de haber quedado a deber a un año de su creación, no ha reclutado ni a un solo elemento, sino que los 100 mil activos adscritos a la misma han sido transferidos por la vía de oficio a comisión por parte de la SEDENA, la SEMAR y la extinta Policía Federal, es decir, restaron efectivos a las instituciones militares para crear y mantener una Guardia Nacional incompetente.

Hoy en día instituciones como el Ejército mexicano y su sucursal u oficina de representación llamada Guardia Nacional, están orientadas a funciones que disipan su atención de lo realmente prioritario, el que consiste en garantizar la seguridad interior combatiendo a los grupos delictivos que operan en el territorio nacional, los cuales deberían de ser esos objetivos prioritarios para su desmantelamiento y no las instituciones del Estado.

Por si faltara poco, algunas de las nuevas funciones de la milicia mexicana son, por considerar algunas: la construcción de los Bancos para el Bienestar, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México “Felipe Ángeles”, de la refinería de “Dos Bocas” y del “Tren Maya”; la realización de redadas de migrantes en la frontera sur del país; el resguardo de alrededor de 4 mil instalaciones prioritarias como hospitales e instituciones de salud ante los actos vandálicos que han sufrido y el ataque al personal sanitario y; el reciente asignado control administrativo de las aduanas y puertos, lo cual aparte de ser un riesgo para el comercio internacional también puede generar su inoperancia, ya que no se puede entender cómo una institución de carácter militar realizará actividades de administración fiscal y arancelaria en aduanas como la de Nuevo Laredo, Juárez, Tijuana, Reynosa, Colombia y Piedras Negras, las cuales concentran anualmente cerca de los 10 billones de pesos en comercio internacional con los Estados Unidos de América, esto sin considerar el resto de los puertos.

Aunado a lo anterior, en algunos Estados de la República, principalmente en los del sur-sureste así como en Zacatecas, las autoridades estatales han solicitado la intervención de la Guardia Nacional para solicitar a la ciudadanía utilice el cubrebocas y cumpla con el resto de las medidas sanitarias, concesiones que han sido autorizadas por el Gobierno Federal y lo cual aumenta la todología de las fuerzas armadas en nuestro país.

En los 18 meses de gobierno de López Obrador han sido asesinadas cerca de 54 mil personas, entre las que se encuentran 5,800 mujeres y 1,800 menores de edad, y aun cuando la mayor parte de este año los mexicanos se sometieron a un confinamiento voluntario, el primer semestre del 2020 abatió todos los récords con 18 mil homicidios dolosos, un promedio de 100 por día en el país. En México las policías municipales y estatales se encuentran rebasadas, y el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen la obligación de atender a la brevedad la seguridad interior que les fue encomendada y no los proyectos prioritarios de un Presidente que en esto y en muchas otras cosas más, no representa a millones de mexicanos en lo que resulta prioritario para el desarrollo nacional.

*Las Fuerzas Armadas no pueden vivir más en la discrecionalidad. Si las múltiples tareas asignadas se mantienen, deberá garantizarse la transparencia y la rendición de cuentas, debido a que manejan recursos públicos que superan a cualquier dependencia e institución pública del país.

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