Derechos humanos en el campo mexicano

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El Gobierno, de cómplice a defensor

El pasado martes celebramos el día internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la declaración universal de los derechos humanos adoptada por las naciones unidas en 1948, después de la segunda guerra mundial, pero tiene su antecedente en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, durante la revolución francesa.

Dos años después, la escritora de la misma nacionalidad Marie Gouze, publicó la declaración de la mujer y la ciudadana, ya que en el documento anterior no se les tomaba en cuenta. Lamentablemente murió en la guillotina, pero puso la primera piedra para que los derechos fueran reconocidos a toda persona sin excepción.

En México fue hasta el 2011 que los derechos humanos fueron incluidos en la constitución, y a partir de ahí su protección ha ido ganando terreno.

No obstante, existe una gran exclusión de grupos vulnerables, como la comunidad sexo-genérica diversa, migrantes, comunidades indígenas y un lastimoso etc.

Los derechos humanos cuentan con 4 principios, uno de los cuales es la interdependencia, lo que significa que todos se encuentran relacionados de modo tal que la afectación de uno sólo afecta a todo el espectro.

Por ejemplo, en México, 21% de niños menores de cinco años que viven en zonas rurales padecen desnutrición, lo que constituye una violación a su derecho humano a la alimentación, pero ello afecta también su derecho a la salud y en los casos más extremos su derecho a la vida.

Con el inicio del modelo neoliberal y el TLC, los apoyos gubernamentales se concentraron en los grandes productores y condenaron al abandono a las familias campesinas, que se vieron obligadas a migrar, principalmente hacia Estados Unidos. La migración de connacionales y extranjeros, es un fenómeno pagado de violaciones a los derechos humanos que afecta principalmente a la niñez y a las mujeres.

Existen muchos rezagos en materia de derechos humanos en el campo, como la igualdad entre hombre y mujeres, derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la justica, al agua y saneamiento, etc.

Podemos ubicar dos casos emblemáticos donde las condiciones laborales atentan contra la dignidad de las y los trabajadores en México, como son las salineras de Baja California, y la explotación agropecuaria en el valle Yaqui de Sonora, donde las jornadas son extenuantes y se vive prácticamente en esclavitud.

La actividad agropecuaria también es responsable de un gran daño ambiental, entre los que se encuentran la desertificación, la emisión de gases de efecto invernadero y la erosión de tierras, lo que atenta contra el derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado

En México las zonas mejor conservadas son las regiones indígenas, que conservan métodos ancestrales de producción, tristemente, a pesar de producir más de la mitad de los alimentos que consumimos, sólo poseen el 20% de los terrenos cultivables.

A partir del inicio de la transición democrática del año pasado, comenzó un nuevo modelo que se enfoca en el desarrollo social antes que en el crecimiento económico, y reconoce la importancia del cuidado al medio ambiente, por lo que se han diseñado políticas públicas prioritarias para tales efectos, como el Crédito Ganadeo a la Palabra que tengo el honor de encabezar.

Estamos poniendo especial atención en beneficiar a las familias más humildes y dar prioridad a mujeres y miembros de comunidades indígenas para ganar terreno a la discriminación y marginación que no podemos tolerar desde las instituciones.

Y esto toma especial relevancia si consideramos otro de los principios de los derechos humanos, el de la progresividad, que evita el retroceso en la conquista de derechos, estipulando que sólo se pueden ir acrecentando, nunca disminuyendo.

Estamos regresando al origen con la experiencia del mundo moderno para combinar lo mejor del pasado y del presente para construir un campo y una ganadería donde todas y todos podamos vivir libres, seguros y felices.

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